En un comunicado conjunto con JUCIL, APC, AEGC e IGC, defendemos el mantenimiento de la presencia de la Guardia Civil, la coordinación con la Policía Nacional y soluciones claras para los agentes y sus familias.
UniónGC, junto a las asociaciones profesionales JUCIL, APC, AEGC e IGC, denuncia la retirada prevista de 180 guardias civiles de Roquetas de Mar y la incertidumbre que esta decisión genera sobre sus próximos destinos.
Según la información recogida en el comunicado conjunto, todavía no trasladada oficialmente a las asociaciones, el calendario contempla el cese de los agentes en sus destinos el 1 de diciembre y su permanencia en comisión de servicio hasta el día 15, fecha prevista para la incorporación de 210 policías nacionales. Posteriormente, prestarían servicio en localidades cercanas mientras esperan la publicación de vacantes.
Desde las asociaciones consideramos que una decisión de esta importancia requiere información oficial, una planificación adecuada y garantías para todos los profesionales afectados.
Reforzar la seguridad y aprovechar la experiencia
La llegada de nuevos efectivos debe contribuir a mejorar la seguridad de los vecinos. Por ello, defendemos el mantenimiento de la presencia de la Guardia Civil y un despliegue coordinado con la Policía Nacional que permita aprovechar los recursos disponibles.
Los guardias civiles destinados en Roquetas de Mar aportan experiencia operativa, conocimiento del territorio y una relación con los vecinos que deben tenerse en cuenta. Reclamamos que el Ministerio del Interior explique qué mejora efectiva aportará el nuevo despliegue y cómo garantizará la continuidad del servicio durante la transición.
Certezas para los agentes y sus familias
Detrás de los 180 destinos afectados hay familias con hijos escolarizados, viviendas, empleos y responsabilidades personales. Su futuro exige respuestas concretas y tiempo para organizarse.
UniónGC mantendrá la unidad de acción con las asociaciones firmantes para defender la presencia de la Guardia Civil en Roquetas de Mar y los derechos de sus profesionales.
