El próximo 1 de enero de 2019 cesarán en su servicio 500 vigilantes privados en los centros penitenciarios de Madrid y Castilla La Mancha, por haber quedado desierta la licitación administrativa prevista para reponerlo, según informaciones aparecidas en el diario “El Confidencial”.

Ante esa situación de posible emergencia, hemos solicitado al Director General de la Guardia Civil que articule los mecanismo necesarios para que se lleve a efecto el apartado tercero del acuerdo de Equiparación Salarial celebrado entre el Ministerio del Interior y las Asociaciones profesionales de la Guardia Civil el pasado 12 de marzo de 2018, por el cual se permita al personal en Reserva su reincorporación al Servicio Activo para estas vacantes.

Además, al tratarse de un hecho extraordinario de importancia, hemos solicitado que se indemnice al personal afectado por las modificaciones laborales, servicios extraordinarios y desplazamientos que haya lugar para mantener el orden en los centros penitenciarios afectados, con cuantías similares a los desplazados a Cataluña por el 1-O.”