Por parte de UnionGC, Unión de Guardias Civiles, se ha procedido a ha mantener una reunión con el Partido Popular en Cataluña dentro de la ronda de contactos que esta celebrando con todos los partidos políticos tras pedir reuniones con los mismos.

En la reunión por parte del Partido popular asistió Cayetana Álvarez de Toledo portavoz grupo parlamentario popular y Ana Mato Vázquez portavoz Comisión Interior Partido Popular.

Por parte de esta asociación profesional asistieron a la misma Francisco Javier Favorecido  Troncoso, Secretario General de UnionGC en Cataluña y José Antonio Varona Bajo, Secretario General UniónGC.

Abrió la reunión la señora Cayetana agradeciendo nuestra presencia y nos argumenta que el motivo de dicha reunión es lo que a su juicio considera una deslegitimación de las FF. y CC. de Seguridad del Estado y la recuperación de la legitimidad en dicha tarea policial.

Todo ello basado en la práctica desaparición del estado en Cataluña.

Se considera necesario la creación de un libro blanco para la seguridad, priorizando el dinero y apoyo material y moral.

Desde UnionGC abogamos por una nueva redacción de la Ley 2/86 de f FF. y CC. de Seguridad, con un nuevo modelo policial en el cual el marco de competencias esté regulado y definido, así como el mando de FF. y CC. de Seguridad despolitizado y una ley marco de retribuciones análogas, que eviten desequilibrios.

También se solicita por parte de UnionGC el aumento de plantilla significativos tan en el Cuerpo Nacional de Policía como Guardia Civil, así como de los medios materiales para realizar las misiones legalmente encomendadas y, en caso de Guardia Civil un nuevo despliegue territorial, que esta asociación profesional lleva reclamando históricamente.

Todo ello convenientemente ajustado a las realidades de las unidades en los diferentes territorios.

Por último, desde Unión de Guardias Civiles, UnionGC, se solicita un desarrollo reglamentario, de los diversos aspectos que actualmente son fundamentales para la realización de la función policial como el empleo de medios de fuerza, así como apoyo jurídico en las actuaciones con un Código Penal que proteja más a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante la realización de sus importantes misiones constitucionales.