Unión de Guardias Civiles-UniónGC, tras la publicación de las estadísticas de delitos sexuales de los años 2017 y 2018, en las que se aprecia un notable aumento de las condenas relacionadas con la comisión de delitos de naturaleza sexual, 20% en el caso de menores de edad, y un 6.6% en el caso de adultos, quiere poner de relieve los siguientes hechos.

       Que aparte de factores, socioeducativos, o penales, existe un trabajo policial respecto a los delitos de naturaleza sexual, devaluado en los últimos años, por los graves problemas de personal que sufren los cuerpos policiales, y en mayor medida la Guardia Civil. Desde UnionGC venimos denunciando esto último, y demandando el aumento de las plantillas de las unidades tanto de prevención, como de investigación, que en el primer caso buscan con su trabajo diario, lograr una correcta seguridad ciudadana, y en el segundo caso de las unidades de Policial Judicial, tanto equipos territoriales, con unidades orgánicas y especialmente los equipos Mujer-Menor (EMUME), fuertemente devaluados en personal, en medios y en atribuciones. Las ya inadecuadas plantillas existentes, la falta de actualización de los catálogos, unido al impacto sufrido por las crisis, ha convertido a las Unidades de Policía Judicial en algunos casos, en fiscalizadores o supervisores del trabajo en cuanto a delitos sexuales se trata, de otras unidades. 

       UnionGC, demanda un fuerte aumento de plantilla para la Guardia Civil, y la incorporación de forma efectiva y cumpliendo la normativa interna, de nuevos agentes a las unidades de Policía Judicial, y más concretamente a los equipos Mujer-Menor, y que se realicen actividades formativas que abarquen tanto la formación inicial, como el reciclaje de los componentes de estas unidades.

       Asimismo, Unión de Guardias Civiles-UnionGC, solicita a las organizaciones sociales con implicación en la protección de las víctimas, una conciencia más activa, y su colaboración en la exigencia a los poderes públicos, del cumplimiento de sus responsabilidades en la atención policial de las víctimas de delitos contra la libertad sexual.