La organización cree que los actos cometidos el 20 de septiembre pueden constituir un delito de odio y acusa a la Generalitat de legitimar las coacciones a agentes.

La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) ha remitido un escrito a la Fiscalía de Cataluña para que investigue los hechos ocurridos el pasado 20 de septiembre frente al cuartel de Travessera de Gracia (Barcelona), donde se produjo una de las diversas concentraciones organizadas por entidades independentistas como consecuencia de la detención de nueve personas de los Comités en Defensa de la República por posesión de material explosivo para la presunta comisión de actos violentos. Durante estas movilizaciones, se profirieron insultos, amenazas e intimidaciones contra los agentes y sus familias, unas prácticas que, en opinión de la UniónGC, pueden ser constitutivos de un delito de odio, vigente en el Código Penal en su artículo 510.

Por ese motivo, la organización profesional del instituto armado solicita al fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres Santos, que proceda a abrir las diligencias correspondientes que conduzcan al esclarecimiento de los hechos y ordene la práctica de las diligencias de investigación oportunas y adecuadas a la naturaleza de los posibles delitos, a su gravedad y a la posible alarma social creada. La UniónGC considera que los sucesos del 20 de septiembre, en los que se dirigieron soflamas y acciones intimidatorias contra la Guardia Civil, obedecen al llamamiento efectuado por los Comités en Defensa de la República con el fin de lograr movilizar a algunos sectores de la población de Cataluña para protestar contra las detenciones de los nueve sospechosos, a los que en estos momentos está investigando la Audiencia Nacional.

En el supuesto citado, se aprecia un “fomento del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas”, como recoge el tipo penal. Además, se dan las circunstancias que, según la Comisión Europea, justifican una responsabilidad penal en los delitos de odio: tuvieron lugar en espacios públicos como es el cuartel de Travessera de Grácia o la manifestación simultánea de Sabadell y los discursos y hechos pueden “incitar a actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación”.

Por otra parte, el secretario general de UniónGC, José Antonio Varona, considera que la aprobación por parte del Parlamento de Cataluña de una resolución de JxCat y ERC en la que se pide la salida del cuerpo de esa comunidad autónoma “no hace sino legitimar los escraches y demás maniobras de coacción que se están llevando a cabo frente a la Guardia Civil, a la que se tacha de policía política y se le imputa el abuso de derechos civiles y políticos con el fin de atemorizar a la ciudadanía”.

En este sentido, para la UniónGC es necesario designar a un fiscal especial “para que dirija la investigación y, en su caso, ejercite las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas y entidades responsables de actividades delictivas, tanto de las descritas, como de las que puedan volver a repetirse en el futuro, tanto contra los miembros de la Guardia Civil como contra sus cuarteles y dependencias”, como se recoge en el documento.