El grupo integrado por 14 colectivos entre lo que se cuenta trabajando de manera muy activa Unión de Guardias Civiles, UnionGC, apela a la defensa de la “dignidad” de los funcionarios para que el Constitucional llegue hasta el final en la valoración de la norma

Todos los colectivos que trabajan por que no se publique la norma vasca se concentrarán ante el Palacio de Justicia de Bilbao durante la apertura del Año Judicial en Euskadi

Los quince colectivos que han conformado un grupo de trabajo contra la ley vasca de abusos policiales han invitado a las asociaciones de jueces, de fiscales y de funcionarios que se sumen a sus movilizaciones para conseguir que el Tribunal Constitucional (TC) analice la legalidad de esta norma. Víctimas y asociaciones policiales subrayan en una extensa carta remitida a estos colectivos judiciales la “gravedad de la situación” no sólo por la puesta en marcha de la comisión de valoración que prevé la norma que ya había sido recurrida sino porque otras comunidades autónomas como Cataluña también pueden activar comisiones especiales que invadan las competencias propias del Poder Judicial reconocidas en la Constitución española.

El grupo de trabajo integrado por cuatro asociaciones de víctimas, cuatro sindicatos de la Policía Nacional y ocho asociaciones de guardias civiles, entre las que se cuenta UnionGC, pretenden ahora sumar nuevos apoyos entre los funcionarios de la Administración de Justicia que también pudieran verse afectados por las funciones atribuidas a la comisión de valoración incluida en la ley vasca de abusos policiales. Una comisión de valoración constituida aunque sin actividad formal mientras se aclare si el Tribunal Constitucional dar por cerrada su intervención después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara el pasado 3 de agosto retirar el recurso contra la norma vasca que presentó el Ejecutivo de Rajoy.

Los impulsores de este grupo señalan en el comunicado remitido a jueces, fiscales y personal de Justicia que la norma vasca pretende blanquear la historia sangrienta del terrorismo de ETA y advierte del objetivo de “inocular” a la sociedad la existencia de abusos policiales que se habrían cometido sistemáticamente por las fuerzas policiales en Euskadi. Este “ámbito subjetivo” de la ley a la hora de valorar presuntos malos tratos afectaría, según estos colectivos, también a los jueces, fiscales, forenses y funcionarios de prisiones que hubieran intervenido en los procesos de detención de los miembros de ETA.

El colectivo crítico invita a los miembros del Poder Judicial a apoyar que sea el Tribunal Constitucional que se posicione después de haber decretado lailegalidad de una norma similar aprobada por el ‘cuatripartito’ navarro en la Cámara foral. “Es el momento en que todavía tenemos una pequeña oportunidad de evitar la consumación del indigno acuerdo político [por el pacto entre Sánchez y Urkullu sobre este tema]”, señalan los colectivos críticos que finalmente se manifestarán en las calles en favor del Poder Judicial. Una concentración que tendrá lugar frente al Palacio de Justicia de Bilbao durante la celebración de la Apertura del año judicial que aún no tiene fecha definitiva.