El Tribunal Supremo declaró “nula de pleno derecho” la Orden General de la Dirección General de la Guardia Civil de 2015 que regulaba el desarrollo de los derechos de las asociaciones profesionales ​del Cuerpo y de sus representantes.

El Supremo, en su sentencia, 2049/2017 de 9 de julio del 2018, estableció que la Orden General suponía una “infracción del artículo 97 de la Constitución, del artículo 22.3 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado y del artículo 24 de la Ley del Gobierno”, y que su “nulidad pretendida lo es en su totalidad por aprobarse bajo la misma un reglamento de desarrollo de la ley Orgánica 11/2007 por un órgano incompetente, al margen del procedimiento exigible”.

Es decir, ​el fallo dejó claro que dicha Orden General excedía las competencias de la Dirección General al injerir en una Ley Orgánica aprobada en 2007, y de rango por tanto muy superior​. Así, nos encontramos ante una extralimitación de sus funciones por parte de la Dirección General con una finalidad muy clara: continuar restringiendo la capacidad y los derechos de las asociaciones profesionales en la Guardia Civil.

Desde Unión de Guardias Civiles – UnionGC, asociación profesional con representación en el Consejo de la Guardia Civil, por medio de la presente nota de prensa, viene a denunciar públicamente la ​feroz persecución contra los representantes de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

La alta jerarquía, con la anuencia de los responsables del Ministerio del Interior, están utilizando políticamente el Régimen Disciplinario, duro y desconcertante, para intentar, mediante el miedo y la represión, silenciarnos, acallando nuestras voces. Voces cuyo único objetivo no es otro que la defensa de los derechos y libertades de los Guardias Civiles así como la mejora de los mismos tanto en el ámbito profesional como familiar.

La situación rocambolesca por la que han expedientado y resuelto sancionar al Secretario General de UniónGC de Castellón es cuando menos atípica, en la que a juicio de los servicios jurídicos de la Asociación, se han vulnerado, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la valoración de la prueba y el principio de tipicidad.

Sancionado con falta grave por no acudir a una reunión oficial como representante de la Asociación Profesional Unión de Guardias Civiles, con carácter de servicio, cuya convocatoria fue notificada mediante una “carta personal”, incumpliendo por parte de la Administración la normativa interna en la que queda claramente ordenado que: ​“las órdenes e instrucciones sobre asuntos del servicio se trasladarán por conducto reglamentario”​. La mencionada “carta personal” fue recogida, depositada y custodiada por el personal de la oficina de su Unidad de destino. A pesar de preguntar en diversas ocasiones en dicha oficina por el asunto, siempre se comunicó y así consta en la testificales, que no se recibió ninguna instrucción sobre la reunión, es más, hasta el mismo día de la celebración de la reunión se insistió si tenían conocimiento de la celebración de la misma, recibiendo la idéntica respuesta negativa. Casualmente, posterior a la celebración de la mencionada reunión, se le hizo entrega de dicha “carta personal” con la desconcertante solicitud de explicaciones y motivos de la no asistencia.

Dicha situación, en modo alguno puede suponer la apertura de un expediente disciplinario al administrado por la negligencia de un tercero.

Dos meses después de los hechos, se recibió por el administrado la notificación de la incoación del expediente disciplinario por falta grave, incardinada en la ​falta de subordinación​, con la sanción de cinco días de suspensión de funciones y la detracción de 336€ de la nómina.

En el Instituto Armado es tradicional llevar a cabo una política de desestimación de los motivos alegados por los expedientados, cuando se trata de defenderse de las acusaciones de infracciones disciplinarias. Esto queda fundamentado sobre la posición privilegiada de que gozan los cuadros de la alta jerarquía del Instituto Armado, privilegios que les asegura la primacía frente a los agentes expedientados, y les permite mirar desde la altura a los subordinados de las escalas inferiores, seguros de que, en la mayor parte de los casos, éstos no se molestarán en recurrir a posteriori, ni en alzada, ni judicialmente, la sanciones que se les impongan.

En lugar de aplicarse el principio “in dubio pro reo”, se aplica este otro: “in dubio pro accusator”. Conclusión: las garantías procesales no rigen plenamente en el ámbito disciplinario benemérito.