El nuevo secretario general de la Unión de Guardias Civiles en Castilla y León, Óscar Manuel Castro Hortas, ha reclamado una “reestructuración del cuerpo“, especialmente en el “despliegue territorial“, un “reagrupamiento de los puestos”, “más medios para realizar un trabajo digno y seguro” y mejoras en la “conciliación familiar“.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante una rueda de prensa en la que se ha escenificado el ‘traspaso de poderes’ entre el antiguo secretario general de la organización, Marcelino García, y, el actual. Un cambio en la estructura que se ha debido al cambio de destino de Marcelino García, que pasa a prestar servicio en La Coruña.

En su despedida, el ya exsecretario general ha lamentado que se marcha con la “espina clavada” de que la Jefatura de la Guardia Civil siga “más preocupada” de prodigarse en las bodegas que en ejecutar las “gestiones que tienen encomendadas”. No obstante, se marcha satisfecho por los “logros” de su organización y asegura que deja “un equipo excelente”.

Un equipo que seguirá la línea de trabajo llevada hasta ahora, ha continuado Castro Hortas, y que pasa por seguir velando por “los derechos de los Guardias Civiles” que, ha apuntillado, “no se les respeta” y mejorar las condiciones sociolaborales de los agentes.

En este punto, seguirán reclamando la “reestructuración del cuerpo“, especialmente en el “despliegue territorial”, al considerar el actual como “obsoleto” y de “finales del siglo XIX“. De ahí que hayan exigido un “reagrupamiento” en puestos más grandes para prestar una “mejor cobertura”, sin entrar, ha continuado, en “el coste económico que supone tener tantos cuarteles -260- y mucho de ellos inoperativos“.

Además, ha pedido “más medios” para los cerca de 6.500 efectivos con el objetivo de que puedan realizar su labor de una “manera digna” y mucho más segura. Por último, ha insistido también en reclamar “mejoras” en conciliación laboral sobre todo a la hora de pedir reducciones de la jornada con “concrección”, derecho recogido por ley, pero al que la Dirección General pone “muchos problemas”, llegando, en la mayoría de las ocasiones, a recurrir a la “vía judicial”.