El agente, de baja laboral psicológica, se negó a alegar a los recursos de cuatro conductores a los que había multado. La Sala de lo Militar califica la sanción de «atípica» y prima el derecho a la protección de la salud frente a las instrucciones de la Agrupación de Tráfico.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha fallado a favor de un motorista de la Guardia Civil, adscrito a la Agrupación de Tráfico de Mieres, que fue sancionado con nueve días de suspensión de empleo y sueldo por su negativa a presentar alegaciones contra los recursos presentados por varios conductores a los que había multado, por infracciones al reglamento de circulación, debido a que se encontraba en ese momento en situación de baja laboral por motivos psicológicos. El Alto Tribunal prima así el derecho a la protección de la salud frente a las instrucciones de la Agrupación de Tráfico al estimar el recurso de casación presentado por el agente. Faustino Brañas, secretario jurídico estatal de la Unión de Guardias Civiles de Asturias, considera que el agente fue víctima de una persecución por parte de los mandos por su pertenencia a la asociación profesional.

El agente se encontraba de baja psicológica el 2 de agosto de 2012. En esa situación continuaba cinco meses después bajo el control del Servicio de Asistencia Sanitaria de la Guardia Civil. Una circunstancia que no impidió que el jefe de su destacamento le indicara que debía informar en los escritos de alegaciones presentados por cuatro conductores a los que había denunciado por infracciones a la normativa sobre tráfico y seguridad vial. Sin embargo, el agente rehusó hacerlo alegando que estaba de baja laboral. Su negativa derivó en una sanción a través de una resolución del general jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el 7 de mayo de 2013, que fue confirmada por el director general de la Guardia Civil tres meses más tarde.

Sancionado de empleo y sueldo

La sanción consistía en la pérdida de nueve días de haberes con suspensión de funciones por una falta grave de «eludir la tramitación o resolución de cualquier asunto profesional u omitir conscientemente una actuación a la que venga obligado por su función, destino o cargo», prevista en la ley orgánica del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, que el agente recurrió y perdió. Agotada la vía administrativa, el agente interpuso un recurso contencioso disciplinario militar ordinario contra las resoluciones y solicitó su nulidad. Su caso llegó hasta el Tribunal Militar Central en el año 2015, que volvió a fallar en su contra.

El abogado Juan José del Sol, que representa al agente, presentó un recurso de casación ante el Supremo por la presunta infracción de normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad de la infracciones disciplinarias militares en relación a la baja laboral así como del principio de presunción de inocencia.

El agente argumentaba que, en la situación de baja laboral, no existía obligación de efectuar informes relativos a asuntos del servicio y sostenía que la orden interna que establecía esa obligación era nula. El guardia civil alegaba igualmente que «no estamos en una situación en la que el militar de baja médica se sustrae de los deberes de presencia o disponibilidad al haber sido una enfermedad certificada médicamente». El abogado de Estado se opuso al advertir de que, pese a la baja médica, el agente venía obligado a emitir el informe a los pliegos de descargo relativos a las denuncias de tráfico por él formuladas en acto de servicio, ya que conocía el criterio del comandante médico, de la capitán psicóloga y del psiquiatra de que «no existía ninguna causa médica que le impidiera contestar a los escritos».

Una sanción «atípica»

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha avalado al agente al ratificar que su renuncia a contestar a las alegaciones de los conductores sancionados no implicaban «un incumplimiento de una obligación militar, no enervada por la situación de baja, sino de un cometido, como era informar del procedimi

ento sancionador, al que venía obligado por su función de agente de la autoridad, encargado de la vigilancia de tráfico, del que la baja laboral le dispensa». El Alto Tribunal resalta que la conducta por la que ha sido sancionado el agente es «atípica», puesto que ninguna obligación que le fuera exigible en situación de baja médica ha resultado incumplida y no puede ser compelido a realizar una prestación laboral concreta relacionada con el servicio propio de su destino del que está exento, como es emitir informe en un procedimiento sancionador, «vulnerando su derecho a la protección de su salud, sobre todo si la obligación que se dice incumplida viene impuesta por una disposición, cuyo rango normativo se desconoce por no constar su publicación oficial ni haber sido incorporada a los autos».

Los magistrados aseveran que ese deber no puede incardinarse, como erróneamente pretende la sentencia recurrida, en las leyes orgánicas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil que declara la titularidad de todos los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución a los miembros de la Guardia Civil «sin más limitaciones que las legalmente establecidas».

Para los magistrados del Supremo, el derecho a la protección de la salud no puede resultar limitado por el invocado extracto de normas de servicio, por lo que anula la sanción impuesta al motorista de la guardia civil de la Agrupación de Tráfico de Mieres.