La disputa judicial entre las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, han comenzado este miércoles. En el epicentro se encuentra el informe de la consultoría externa sobre la equiparación salarial, que debe determinar si el acuerdo de subida de sueldo alcanzado en marzo de 2018 es suficiente o no para que los policías nacionales y guardias civiles cobren el mismo salario que sus equivalentes en los Mossos d´Esquadra.

El informe debía haber sido entregado al Ministerio del Interior el pasado mes de enero, una vez concluido el plazo de seis meses previsto en el concurso público, pero absolutamente nada se supo de él hasta el pasado 27 de marzo, cuando el ministro explicó en el Consejo de la Guardia Civil que ha tenido que ser devuelto a la consultora Ernst & Young porque no cumplía el requisito de comparar los salarios puesto de trabajo a puesto de trabajo.

No se sabía nada del informe que supuestamente se debió haber entregado en enero ni se venía sabiendo nada de los hitos parciales que se supone que la consultora debía haber entregado a los responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad con diferentes análisis parciales a las seis semanas del inicio de la auditoría, a las doce semanas y a las 16 semanas. Silencio absoluto y dos reuniones desconvocadas para tratar precisamente este asunto.

Cansados de esta situación, los responsables de seis de las ocho asociaciones profesionales de guardias civiles con representación en el Consejo de la institución (UO ,ASES-GC, AEGC, AUGC, Unión GC y APC) han presentado en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid una denuncia contra Marlaska en la que piden su inhabilitación para empleo o cargo público por un tiempo de entre uno y cuatro años.

Y es que el texto de la misma, al que ha tenido acceso Libertad Digital, consideran que la actitud del ministro podría estar impidiendo a las citadas asociaciones “el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”, algo tipificado en el artículo 542 del Código Penal, ya que en el acuerdo firmado en marzo de 2018 se establecía que en todo el proceso se debía garantizar la “participación” de los representantes de los agentes y creen que no se está permitiendo.

También piden al tribunal que investigue si el Ministerio del Interior está presionando a Ernst & Young para que su auditoría refleje que la subida salarial de 807 millones de euros para el trienio 2018-2020 figure como la cantidad exacta para para que guardias civiles y policías nacionales cobren lo mismo que sus compañeros de los Mossos d´Esquadra, de modo que el departamento de Marlaska no tenga que hacer frente a nuevas subidas salariales a partir de 2020.