Ó. Esteban Sanz

Los 557 efectivos computados en el último boletín de 2016 del Ministerio de Hacienda suponen el nivel más bajo desde 2010. Movilidad y tasa de reposición, las claves.
La plantilla de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se encuentra en su nivel más bajo en seis años. Una afirmación que no parte de cálculos ni de la impresión de ningún colectivo profesional, sino de los propios datos que periódicamente difunde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el personal al servicio de la administración.

El último número de esta estadística desvela que en julio de 2016, la Guardia Civil y la Policía Nacional contaban en la provincia con 557 agentes. Para encontrar una cifra más baja en estos informes bienales hay que remontarse hasta julio de 2010, cuando había 556 funcionarios entre ambos cuerpos, sin distinguir el número de empleos que corresponden a cada cuerpo.

El mayor nivel se dio en julio de 2012, con 627 integrantes, que son 70 menos que los de ahora, con una reducción del 11%. Cabe precisar que en 2012 se acometieron las medidas más duras de ajuste en lo público desde que comenzó la crisis, con importantes retrocesos en las plantillas de todas las administraciones. También es cierto que el Gobierno viene abriendo la mano en los dos últimos años en las tasas de sustitución y convocatoria de procesos públicos, pero las estructuras quedan aún muy alejadas del modelo anterior. Ámbitos como la seguridad, la educación, la sanidad y los servicios públicos han sido declarados prioritarios, con reposiciones algo más generosas, si bien queda mucho por recuperarse.
A eso se suma la movilidad de estos cuerpos, que tiene especial incidencia en provincias pequeñas como Soria, que se consideran ‘puntos de paso’ para una gran parte de los agentes que recalan. Lugares a los que son destinados tras salir de la academia o en los que suman experiencia y tiempo antes de solicitar el traslado. Algo común en lo público, que igualmente sucede por ejemplo entre los médicos, también afectando con más intensidad a las zonas rurales.

La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) de Soria admite que la “situación es preocupante”. El número de efectivos del cuerpo sigue decreciendo en la provincia, lamenta. Y, como consecuencia “de esta merma continua”, los guardias civiles que prestan servicio se ven obligados a “asumir más trabajo del posible”. “De ahí el aumento de la delincuencia”, indica el colectivo basándose en los datos de criminalidad del Ministerio de Interior.

Según aprecian, pese a que la comisión de hurtos y tráfico de drogas cayeron durante 2016 (de 649 a 548 y de 14 a 13 casos, respectivamente), la estadística es “negativa” por presentar incrementos en otras tipologías. La asociación profesional cita expresamente el incremento del 200% en la sustracción de vehículos a motor, de siete a 21, así como los daños, que aumentan un 21% (de 290 a 352). Los robos en domicilios también crecen, aunque ligeramente (de 128 a 130), mientras los delitos y faltas retrocedes mínimamente (de 2.317 a 2.311).
Asimismo, el colectivo denuncia que actualmente “hay algún puesto en la provincia que se encuentra cerrado debido a la falta de componentes, lo cual conlleva un incremento en el trabajo realizado por los puestos adyacentes”.
En relación al “elevado porcentaje” de delitos esclarecidos, matiza que es “gracias a la labor diaria y a la dedicación de los compañeros en la provincia en cada una de sus especialidades”, aunque eso “no debe hacer olvidar”, destaca, que “la principal función de la Guardia Civil, al igual que de cualquier otro cuerpo policial, es la de prevenir que se cometan” estos hechos, algo que, “a la vista está que no se está consiguiendo”. La mayor parte de los recursos, adhiere UniónGC, se están destinando “a esclarecer, en lugar de a prevenir”.
Fuente: Heraldo de Soria