En la mañana del 29 de enero de 2019, ha tenido lugar el Grupo de Trabajo sobre acoso laboral y sexual en el ámbito de la Guardia Civil.

Por parte de Unión de Guardias Civiles (UnionGC), así como del resto de representantes, volvemos a retirar nuestra queja respecto a la premura ejercida para examinar los borradores, los cuales se nos aportan con apenas antelación a las reuniones.

En lo que respecta a los temas a tratar en la presente, se inicia abordando la figura del Asesor confidencial, para el cual se establecerá un procedimiento y un medio de contacto. Igualmente, de cara a la denuncia de estas situaciones, se establece la participación de especialistas del Servicio de Psicología y de Asistencia Sanitaria, no así del Servicio de Prevención de RRLL. Se nos argumenta que el peso de estos temas recae principalmente en el Servicio de Psicología, mientras que la participación del Servicio de Prevención sería secundaria.

De mismo modo se nos informa que se está trabajando para constituir delegaciones para facilitar la denuncia de acoso sexual en la Guardia Civil, ante una posible ausencia de un primer escalón de recepción.

No obstante, la finalidad principal de los protocolos es la prevención, llevando a cabo actuaciones en nuestros Centros docentes de formación y perfeccionamiento.

La Administración desestima la propuesta de creación de la figura de órgano asesor, cuya función sería determinar la existencia o no de acoso laboral y/o sexual, argumentando para ello que jurídicamente es inviable, dado que invalidaría otras esferas del ordenamiento jurídico como el régimen disciplinario y el Código Penal, por lo que tiene que ser un General Jefe de Zona o Superior quien valore dicha vicisitud.

Ante ello se manifiesta la idoneidad para el órgano asesor se conformase en el General de la JASIS, en vez de un General Jefe de Zona. La Administración argumenta que habrá que valorar cada caso, puesto que la JASIS tiene una carga elevada de trabajo.

Ante ello se propone que la valoración también se realice por el Servicio de Asuntos Internos. La Administración indica que lo importante es desubicar la valoración sobre si existió acoso o no del lugar donde se produce el conflicto. Se hace hincapié por parte de las asociaciones que esta valoración sea realizada por alguien que posea formación específica sobre acoso laboral y sexual.

Igualmente se plantea la posibilidad de denuncias anónimas, lo que la Administración no ve viable.

Prosiguiendo con la reunión, Se nos ponen sobre la mesa los plazos de duración para los procedimientos abiertos en base a este protocolo, siendo no aconsejable encorsetarse a un plazo concreto.

Por parte de Unión de Guardias Civiles (UnionGC), realizamos las siguientes propuestas:

  • Eliminar del apartado TERCERO.1 del protocolo sobre el acoso laboral la redacción “no responde a las necesidades de organización del mismo”, puesto que entendemos que, a través de modificaciones de la organización del trabajo, se puede estar realizando acoso laboral.
  • Igualmente, eliminar del apartado TERCERO.5 del mismo protocolo la redacción “conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios trabajadores”, dado que esta conducta en sí misma, puede estar bajo la denominación de acoso laboral, y por tanto no cabe su exclusión.
  • Planteamos que estos protocolos sólo deberían afrontar las tareas de prevención, formación e información, so pena de invadir otros ámbitos del ordenamiento jurídico como el régimen disciplinario o el Código Penal, y que cualquier toma de manifestación al presunto autor de los hechos, aunque sea voluntaria, debería estar dotada de las pertinentes garantías legales, entre ellas el derecho a la defensa.
  • Por ello, de seguir adelante estas actuaciones en el presente protocolo, se le debería dotar de un documento de lectura de derechos, caso contrario pudiendo resultar nulo el procedimiento, por vulneración del derecho fundamental de defensa. La Administración coincide en esta apreciación, informando que se valorará esta cuestión. No obstante, el Servicio Jurídico valora que se sustancia en una información reservada, sin más, y que no procedería la lectura de derechos.
  • Con respecto a la denuncia anónima, Unión de Guardias Civiles (UnionGC) plantea que, en similitud con lo permitido por el régimen disciplinario, podría cuanto menos servir para la apertura de una información reservada, teniendo además en cuenta la posibilidad de un suicidio tras haber efectuado una denuncia anónima.
  • Igualmente dejamos claro que la investigación de los suicidios la debe realizar el Servicio de Prevención, solicitando al Servicio de Psicología una autopsia psicológica.

Sobre el calendario de continuación del Grupo de Trabajo, se realizará una nueva sesión entre el 1 y el 9 de abril, debiendo presentarse alegaciones antes del 28 de febrero.