“El ejecutivo vasco pretende manipular la historia, y ha obtenido el beneplácito del Gobierno, pero la historia no puede tener una doble lectura ni ser objeto de manipulación. Por un lado están las ratas asesinas de #ETA, y por otro, las víctimas de la sinrazón de esta banda criminal: guardias civiles, policías, militares, políticos y ciudadanos en general”.

Así lo manifiesta a Confilegal Ramón Rodríguez Prendes, secretario general de la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), en alusión a la retirada del Gobierno del recurso contra la Ley vasca de ‘abusos policiales’, tras un pacto con el PNV.

Lo hizo tras acordar con el gobierno vasco modificaciones sobre los preceptos en los que había “dudas” de su constitucionalidad, para recalcar que su objetivo no es buscar responsabilidades, sino resarcir a los afectados.

Rodríguez Prendes destaca tremendamente indignado que “las únicas víctimas son los muertos por el terrorismo y sus familias”.

A lo que añade el portavoz estatal del sindicato, José Manuel Manrique,que “el PNV demuestra en este caso querer beneficiarse de la cobarde acción de la banda asesina, y sacar rédito de nuestros muertos”, algo que, según afirma, desde UniónGC no van a tolerar.

En el mismo sentido se pronunció el jueves Consuelo Ordoñez, presidenta de Covite, en una conferencia en la Universidad del País Vasco:

“Pretender que la sociedad vea como agresores a las víctimas y a los cobardes asesinos como los torturados es de una cobardía, un cinismo y una bajeza moral sin límites”, critica el portavoz de UniónGC, y pide al Gobierno que “no sea cómplice de este ataque injustificable a las victimas del terrorismo”.

“Bastante han sufrido ya, y siguen sufriendo cada vez que ven cómo los asesinos siguen siendo destinatarios de beneficios del sistema democrático en el que no creen y con el que quieren acabar”, expresa Ramón Rodríguez Prendes.

Señala que “en su día apostaron por no permitir la convivencia democrática en el País Vasco y han perdido”, y dice que “ese es su lugar en la historia, el de una banda de ratas asesinas derrotadas por el sistema democrático”.

Rodríguez Prendes y Manrique hicieron ayer estas declaraciones en una conversación telefónica.

A las 5.30 de hoy partían junto al secretario jurídico estatal del sindicato, Faustino Brañas, desde Asturias hacia Vitoria, donde hoy se reúnen varias asociaciones de guardias civiles, de policías y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) para trazar su estrategia contra la Ley vasca de ‘abusos policiales’.

Allí se darán cita representantes de Covite, UniónGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC), el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), la Unión Federal de la Policía (UFP), la Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (ACFSE) y la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (Aserfavite).

El encuentro tendrá lugar en el Hotel Silken Ciudad de Vitoria, desde las diez de la mañana a las dos de la tarde.

Habrá juristas y se establecerá “una hoja de ruta judicial”. Van a analizar “todas las acciones judiciales posibles” que puedan emprender para evitar que siga adelante esta ley aprobada el 28 de julio de 2016 en la Cámara vasca.

La Ley 12/2016, de 28 de julio, ‘de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la comunidad autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999’ salió adelante con los votos del PNV y PSE-EE. EH Bildu se abstuvo, y PP y UPyD votaron en contra.

El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy se apoyaba en la vulneración de los derechos fundamentales al honor, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva, recogidos en la Constitución. También en la vulneración de la distribución de competencias entre Estado y el gobierno vasco, de competencia exclusiva del Estado en materia de Administración de Justicia.

Se oponía a todo lo referente a supuestos abusos policiales y tortura, que los tribunales de Justicia no han sido capaces de determinar.

Las asociaciones de agentes y de víctimas citadas no descartan llegar a los tribunales europeos para impedir que esta ley se reactive.

El SUP recurrió a finales de julio ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV la creación de la comisión de expertos que contempla esta ley para valorar a las posibles víctimas de ‘abusos policiales’, que se puso en marcha a principios de ese mes. El SUP denuncia que pretende sustituir la actuación de los tribunales.

La demanda fue admitida a trámite y el sindicato policial la formalizará en septiembre. Alegará que ésta vulnera la Constitución, con el fin de que el tribunal vasco plantee cuestión de inconstitucionalidad ante el Constitucional.

Al recurso se adhirió ACFSE y, a partir de septiembre se sumarán más sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles y colectivos de víctimas.

El SUP también remitió el pasado 21 de agosto una carta al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, para que para que se persone en el procedimiento de inconstitucionalidad. UniónGC se sumó a este requerimiento el día 24.

El pasado miércoles, el SUP recibió un escrito en el que se le informó desde el Defensor del Pueblo que se analizará su petición.

Además, este sindicato estudia la posibilidad de emprender acciones judiciales contra el Gobierno por presunta prevaricación, al haber retirado el recurso, “a sabiendas” de que se trata de una ley “ilegal”.