Desde Unión de Guardias Civiles – Unión GC, asociación profesional con representación en el Consejo de la Guardia Civil, viene a denunciar públicamente la rocambolesca situación en la que la Dirección General de la Guardia Civil ha puesto a nuestro Secretario Jurídico de Canarias, quedándonos atónitos al ver que ha salido publicado con carácter forzoso en el Boletín Oficial de la Guardia Civil de fecha 21 de agosto de 2018, para cubrir una vacante en la que es imprescindible el uso, tanto de arma larga como de arma corta a los efectos de dar protección y seguridad máxime en nivel de alerta 4 en el que nos encontramos.

La situación no resultaría peculiar y paradójica si no se tuviera en cuenta que el referido guardia civil se encuentra de baja médica emitida por los propios Servicios de Asistencia Sanitaria de la Comandancia de Tenerife, desde febrero de 2017, fecha en la que le fue retirada su arma reglamentaria, siendo reconocido por la Junta Médico Pericial que emitió un dictamen en enero de 2018, en el que se decretaba que por su dolencia no podía usar armas. También siendo valorado por el SEPEC (órgano de valoración de aptitudes psicofísicas dentro de la Guardia Civil), de mayo de 2018, donde se determina que presenta una pérdida de condiciones psicofísicas que le imposibilita totalmente el desempeño de las funciones propias del Cuerpo, Escala, plaza o carrera.

Todos estos acontecimientos tienen origen en unos hechos que remontan al mes de abril de 2016, donde el guardia civil es lesionado con una tendinitis en el brazo derecho en unas jornadas de defensa personal y posteriormente otros acontecimientos que tuvieron lugar en el mes de octubre de 2016 protagonizados por el mismo superior que le había lesionado, hechos que fueron puestos en conocimiento de los jefes y en los que peculiar y paradójicamente resulta expedientado el denunciante, por medio de un procedimiento que venimos a tildar de irregular injusto y desproporcionado, y que en estos momentos no entramos a detallar puesto que se encuentra pendiente de resolución en la vía contencioso-disciplinario- militar.

Es alarmante que la Guardia Civil destine forzoso, al compañero al que los órganos de calificación han determinado que no se encuentra en condiciones de prestar servicio y ya no hablemos del uso del arma, que puede representar un peligro no solo para la sociedad sino para su propia persona, compañero al que le ha costado 17 años volver a su tierra en Canarias en la que lleva viviendo 8 años desde entonces y en la que vive su familia.

Atentamente,
Unión de Guardias Civiles Canarias