En el día de hoy, el grupo de trabajo constituido por sindicatos de Policía Nacional,Asociaciones profesionales de Guardia Civil, y colectivos de víctimas de terrorismo elpasado mes de julio, ha celebrado en Vitoria su primera reunión con el fin de compartir lasiniciativas puestas en marcha hasta el día de la fecha contra la retirada del citado Recursode Inconstitucionalidad por parte del Gobierno de España, previo acuerdo con el PNV.

Puestos en común los pormenores de los recursos y escritos registrados ante laAdministración de Justicia, el Defensor del Pueblo, y la Delegación del Gobierno en elPaís Vasco desde los portavoces y responsables jurídicos de cada una de lasorganizaciones, las intervenciones se han centrado en desglosar y diseñar la hoja de rutaque en tanto en el plano legal como en el mediático tiene por delante el grupo de trabajo,consensuando de forma unánime por parte de todos los presentes, la neutralidad y laausencia de vinculación política de las iniciativas que se lleven a cabo.

La medida legal adoptada mas inmediata será, la adhesión del resto deorganizaciones al recurso presentado por el SUP ante el TSJ del País Vasco al que sesumó una vez fue admitido a trámite, el colectivo de víctimas ACFSE. Para la preparaciónde dicho recurso, la pasada semana APROGC requirió a la Delegación del Gobierno en elPaís Vasco, al amparo de la Ley de Transparencia, el acceso a los informes emitidos porla Abogacía del Estado en la CAV en los que se razonaba la ilegalidad de la Ley vasca de“abusos policiales” y el Decreto vasco de 2012 que le precede.

Concretado estos extremos, los responsables jurídicos han expuesto la gravedadde la redacción del texto de la Ley vasca, ya que su ámbito de aplicación no se limita a losfuncionarios públicos miembros de las FFCCS, sino que afectaría también al resto defuncionarios públicos como podrían ser Jueces, Fiscales, Forenses, Funcionarios dePrisiones, cuya labor se hubiese desarrollado en el ámbito de la lucha antiterrorista desdelos años 60. En atención a ello el objetivo del grupo de trabajo se centrará en las próximasfechas en involucrar en las acciones emprendidas, a otros colectivos profesionalespotencialmente afectados por la citada Ley.

De forma unánime, se ha decidido agotar todas las acciones legales que resultenprocedentes, al alcance del grupo de trabajo, incluido la interposición de una querella porprevaricación administrativa, una vez se concluya el estudio de toda la documentaciónque se está recabando, si los servicios jurídicos representados lo estiman procedente.

En el mismo orden, los representantes del grupo de trabajo han acordado iniciardurante las próximas semanas movilizaciones –manifestaciones y concentraciones- en elámbito social, con el fin de visualizar su trabajo en defensa de los intereses de miembrosde las FFCCS, destacando entre ellas la de dar traslado a Europa de las irregularidadesdetectadas y de la adulteración del relato promovida desde el Gobierno Vasco, de lascuales se informará puntual y oportunamente.