Un cabo primero de la Guardia Civil suspendido de empleo y sueldo por subirse en julio de 2013 a una ambulancia para apaciguar a un paciente violento ha visto ahora cómo, tres años después, el Tribunal Supremo ha restituido su honor y ha anulado dicha sanción que la Unión de Guardias Civiles, a la que está asociado y donde ostenta un cargo representativo, sostiene que es un claro ejemplo de persecución sindical.

La reciente sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, de fecha 31 de mayo y estimatoria de un recurso de casación interpuesto contra la sanción de dos días de empleo y sueldo por falta leve impuesta, borra la «mancha» que desde hace tres años pesaba en el expediente del agente, quien en julio de 2013 se limitó a atender la petición de unos médicos para que, desatendiendo una orden escrita que lo impide, se subiera a una ambulancia con el fin de tranquilizar a un hombre de gran corpulencia que mantenía una actitud violenta.

«Al final, el paciente accedió a entrar en la ambulancia y se dejó tratar», ha recordado el letrado de la UniónGC en Castilla y León, Daniel Muñoz Doyagüe, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, muestra su estupor ante el hecho de que la actuación del agente, en lugar de ser alabada, se tradujera en un expediente disciplinario que inicialmente fue por falta grave -se proponían cinco días de suspensión- y quedó finalmente en una de carácter leve, con imposición de dos días sin empleo y sueldo.

El letrado contrasta la postura de los propios facultativos, que incluso remitieron un escrito al director general de la Guardia Civil para solicitar una condecoración para el agente, y la de los mandos del Cuerpo, que abrieron expediente al cabo. «Me pregunto qué habría pasado si el agente desoye el requerimiento de los médicos y el paciente, que estaba totalmente alterado, hubiera cometido cualquier barbaridad. Posiblemente estaría ahora en la cárcel por delito de omisión del deber de socorro», ha advertido.

Ponderacón de intereses

En cualquier caso, Muñoz se felicita de que ahora, tres años después, el Supremo impone el “sentido común” pondera los intereses en conflicto y entiende que el agente “optó por cumplir el deber en tales circunstancias resulta preponderante”.

Como trasfondo de lo ocurrido, el secretario de la UniónGC en Castilla y León, Marcelino García Bermúdez, atribuye la sanción al agente en el hecho de que éste no sólo es afiliado a dicha organización sino que ostenta un cargo de responsabilidad destacado.

«Han pasado nueve años desde que se aprobó la Ley de Derechos y Deberes de los guardias civiles, junto con la creación de las asociaciones profesionales, y parece ser que ello no se ha asumido en la escala de mando de la Guardia Civil», ha lamentado el máximo responsable de la UniónGC en la Comunidad, quien insiste en que la sentencia del Supremo supone el triunfo de la «razón frente a la visceralidad de algunos mandos».

En la misma línea, el secretario nacional de la organización, Ramón Rodríguez Prendes, se ha ratificado en lo que ya dijo cuando hace tres años saltó a los medios de comunicación el caso del compañero expedientado: «En su día dije que le querían joder la vida, pues tenía abiertos tres expedientes por falta grave, y estoy convencido de que iban a por él».

Rodríguez ha aprovechado el acto para anunciar otra reciente sentencia del Supremo que da también la razón al sindicato y «pone en su sitio» a la Agrupación de Tráfico de Asturias en el caso de un agente que fue suspendido nueve días de empleo y sueldo porque, estando en situación de baja, fue requerido para que contestara el pliego de cargo de un conductor y se negó de forma reiterada.

«Es lamentable que a día de hoy sigan ocurriendo este tipo de hechos, lo que demuestra el retraso en derechos que hay en este Cuerpo», ha sentenciado Rodríguez.