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Desde la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales queremos manifestar nuestro más profundo rechazo al texto del Anteproyecto de Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas; constituye un grave ataque no solo a los empleadas y empleados públicos guardias civiles sino a las asociaciones profesionales de guardias civiles a quienes el citado Anteproyecto en su art.3 se plantea sancionar de forma conjunta (a todas y todos los miembros de sus ejecutivas) por acciones desarrolladas en ejecución de los posibles acuerdos que puedan adoptar.
En concreto el anteproyecto define como faltas muy graves el organizar, participar o asistir a reuniones o manifestaciones de carácter político, sindical o reivindicativo. Asímismo incorpora una nueva falta muy grave consistente en cualquier manifestación, expresión pública o acto de propaganda realizados por cualquier medio, oral o escrito, a favor o en contra de partidos políticos o sindicatos, de sus candidatos o de sus programas u opciones políticas o sindicales realizados por los guardias civiles. Con esta regulación en forma de amenaza al empleo (los expedientes disciplinarios tienen esa finalidad) se pretende disuadir cualquier tipo de organización sindical o de planteamiento reivindicativo de los trabajadores, empleados públicos guardias civiles. Nadie en este ámbito, pretenden, se va a atrever a plantear ningún tipo de demanda laboral, si como resultado de esto puede estar en juego su salario y hasta su puesto de trabajo. Esa es la realidad de los guardias civiles que muchos desconocen y que desde la Plataforma de Empleados Públicos queremos denunciar. Y precisamente los sindicatos, aquí representados y citados en esa pretendida Ley, no tenemos ningún problema en recibir ni apoyos ni críticas por parte de las organizaciones de guardias civiles, dentro de la normalidad de un Estado democrático y de derecho, ejerciendo así un derecho fundamental como es la libertad de expresión.
Resulta curiosa también la orden dada a los guardias civiles para que cualquier operación policial en la que esté implicado un cargo público sea comunicada previamente a la Dirección General de la Guardia Civil. Con ello, el Gobierno tendrá conocimiento previo de la detención de un cargo público. Si son de su mismo signo político, ¿qué impediría al Gobierno avisar antes al citado político?
Por otro lado, el anteproyecto lleva también una importante contribución al incremento de la censura, habitual de otro régimen y que ahora el Gobierno quiere imponer a golpe de Ley. Lo que el Gobierno quiere es que no se pueda expresar opinión o crítica por su gestión política sin que esto incurra en sanción. Desde la Plataforma entendemos que este anteproyecto de ley es intolerable y que puede suponer, si prospera en estos términos, un nuevo grave atentado a las libertades en nuestro país que además podría hacerse extensivo a otros colectivos de empleados públicos, en una especie de "toma de posesión" del gobierno de las voces rehenes de sus empleados públicos, a quienes prohíbe la crítica en cualquier forma de expresión.
Esto, entendemos, acaba con la esencia misma de la actividad sindical y pone en serio peligro el ejercicio de los deberes democráticos. Es una mordaza intolerable. |
